Los profesionales dicen tener miedo a las denuncias de Hacienda

Los asesores fiscales están muy preocupados porque la sentencia del caso Messi, en la que el Tribunal Supremo dictaminó que el jugador barcelonista era culpable de cometer tres delitos fiscales por defraudar 41 millones de euros, ha provocado una oleada de denuncias contra los asesores fiscales.

José Ignacio Alemany estima que “se está denunciando a los asesores fiscales, según nuestra opinión, sin base suficiente. Tenemos que llevar a la conciencia de los jueces y magistrados que esto es así. Se necesita una norma clara, una jurisprudencia que sea valiente, y una mayor especialización de los jueces de lo penal, porque no tienen la especialización suficiente para tratar estos temas.

Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de Aedaf, asevera que se trata de un tema muy grave, que cuando haya delitos fiscales, las personas llamadas a enjuiciar si hay culpabilidad o no de las personas, incluso con pena de prisión, “confiesen muchos de ellos no tener los conocimientos suficientes para poder enjuiciar conforme a Derecho. En un Estado de Derecho es muy grave y muy preocupante”.

Hacienda ya tiene la coartada para que se llame a los juzgados al asesor fiscal

Así, Alemany considera que la Administración denuncia, como en el caso Messi, “para que los asesores fiscales tengamos miedo, seamos menos agresivos y ayudemos a la Administración a llegar a un acuerdo con el cliente”.

La sentencia Messi no condenó al asesor fiscal, sino que los asesores fiscales llegaron a un acuerdo con la Agencia para colaborar y, por tanto, ser exculpados. La Agencia Tributaria entonces dejó de implicarles en la denuncia contra el astro del balompié. “Lo que dice la sentencia es que se asombra de que no hayan sido denunciados”, apunta el presidente de la Aedaf.

En la actualidad ya hay condenas de asesores fiscales por su labor profesional. Por eso, consideran que Hacienda ya tiene la coartada para que se llame a los juzgados al asesor fiscal.

“Esta sentencia respalda a Hacienda para que haga lo que quiera”, afirma Alemany.

“Con la sentencia Messi, el Tribunal Supremo no nos ayudó mucho y vamos a trabajar para delimitar cual es nuestra función y responsabilidad que asumimos”, explica.

El cliente es quien decide

Se exculpan los asesores fiscales al argumentar que básicamente si cumplen su labor bien, lo que hacen, única y exclusivamente es informar a su cliente.

El que toma la decisión no es el asesor fiscal, sino el propio cliente. No obstante, Alemany añade a estas afirmaciones, que “sabemos que hay algunas prácticas de asesores fiscales que se involucran, mucho más, que son representantes o apoderados del cliente. Pero el asesor fiscal que cumple su función profesional, lo que hace es asesorar e informar. Darle al cliente unas pautas para que decida”.

Pero los miedos de los asesores fiscales ante Hacienda no se quedan solo en la posibilidad de ser llamados por los tribunales para responder de las imputaciones de sus clientes.

A esta tensión profesional se viene a sumar ahora la futura transposición de la Directiva 2018/822, sobre intercambio automático y obligatorio de información en la fiscalidad transfronteriza sujetos a comunicación de información (DAC6) por los intermediarios fiscales -asesores fiscales, abogados o gestores administrativos- de declarar operaciones que pudieran ser consideradas como planificación fiscal agresiva.

Estos profesionales deberán informar a Hacienda, a partir del 1 de enero de 2020, en un plazo máximo de 30 días, de la realización de una operación, negocio jurídico o esquema tributario, realizado entre partes que se localizan, al menos, en España y otro Estado miembro de la UE o España y un tercer Estado, cuando cobren por las operaciones por ahorro fiscal obtenido.

Estas exigencias plantean muchísimos problemas de competencia a nivel de la UE

No obstante, todas las operaciones reportables realizadas antes de la entrada en vigor de la transposición y después de la entrada en vigor de la Directiva deberán ser declaradas por los intermediarios.

Ello hace que se deban declarar operaciones realizadas con anterioridad a la aplicación de la transposición legal.

También deberán informar de estos mecanismos transfronterizos cuando se les exija una obligación de confidencialidad por parte del cliente o el utilizar un mecanismo normalizado, es decir, una operación diseñada de tal manera que puede ser utilizada por varios contribuyentes sin necesidad de adaptación sustancial, siempre que se busque un beneficio fiscal con la operación. Por la mera concurrencia del indicio se entenderá que existe planificación fiscal y la obligación de reportar.

Diferente tratamiento

Para Alemany, estas exigencias plantean muchísimos problemas de competencia a nivel de la UE, porque hay países donde los asesores fiscales tienen secreto profesional y no van a tener que dar información, pero los hay que no tienen esta protección, tal y como ocurre en España y tendrán que facilitársela a Hacienda.

Alemania, por ejemplo, tiene secreto profesional, al igual que Polonia y los países del Este. Sin embargo, Italia, Grecia, Portugal o Francia, están en una situación muy similar a España.

El problema es que no hay fecha para la entrada en vigor de estas medidas

Por ello, Gómez Taboada señala que la Ley General Tributaria española sí que reconoce el secreto profesional, pero no está regulado. “Es muy complicado regularlo si no se regula mínimamente la propia figura del asesor fiscal”, explica.

Para dulcificar la situación, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha reiterado en diferentes foros la intención de este organismo de elaborar y publicar una lista blanca con los esquemas de planificación fiscal admitidos y otra lista negra con los esquemas ilícitos para general conocimiento.

Por otra parte, entre los planes a desarrollar por Hacienda se encuentra la posibilidad de llegar a acuerdos en la vía económico administrativa e, incluso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, no solo en la vía administrativa como ocurre en la actualidad. Así, se reducirá la litigiosidad. De esta forma, se podrían activar los para dar “nuevas oportunidades para alcanzar acuerdos. Sin embargo, el problema es que no hay fecha para la entrada en vigor de estas medidas y, mientras tanto, los asesores fiscales tratan de sobrellevar su miedo.

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